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Informe especial

Luego de dos años de pandemia y avanzado el proceso de vacunación a nivel mundial se asume el reto de regresar de forma presencial a los centros educativos. Este proceso debe ser visto e implementado como una oportunidad para recuperar, mejorar y fortalecer el sistema educativo donde el rol del Estado es determinante.

Fallas de servicios públicos, estructuras deterioradas y ausencia de maestros encontraron a los niños, niñas y adolescentes con el retorno a clases presenciales. En Estudiar entre ruinas se detalla y relata la situación de los colegios en nueve estados del país, tras la restauración de la presencialidad en las escuelas durante la pandemia.

La Agencia de Periodistas Amigos de la Niñez y la Adolescencia (Agencia PANA)  y Cecodap convocaron a 10 periodistas para la documentación de los datos, realizada a través de encuestas y entrevistas en diferentes escuelas, tanto públicas como privadas, para retratar la situación escolar. 

A partir de once reportajes y con la participación de 151 personas, de las cuales 39 fueron niños, niñas o adolescentes se logró una aproximación sobre las condiciones, metodologías y realidades  en el regreso a las aulas. Este proceso de análisis permite identificar un patrón de adversidades y omisiones del Estado que comprometen el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes.

Los centros educativos encuestados en su mayoría presentan graves problemas de infraestructura originada por un desgaste natural pero también por la falta de mantenimiento preventivo y correctivo, incluso obras de construcción en centros educativos iniciadas por el Estado y que no fueron terminadas.

Filtraciones, techos caídos, baños inoperativos, falta de pupitres y un precario acceso a servicios públicos especialmente de agua potable, aguas servidas, gas doméstico y electricidad.  “La precariedad en la estructura escolar conlleva a unir salones de clases, improvisar espacios o dar clase en espacios sin techos”, se lee en el informe publicado por Cecodap.

Se documentó limitaciones en el Programa de Alimentación Escolar.  Las fallas denunciadas están relacionadas a la cantidad,  calidad y frecuencia de los alimentos que integran este programa. Además, se verificó que las comidas entregadas a las instituciones no cubren las necesidades nutricionales para los niños, niñas y adolescentes. “Sin comida no hay estudio”, enfatizó.

A los problemas en las escuelas se le sumó la deserción de docentes, no solo en áreas científicas (como puede ser matemática, física y química), también en la educación básica.  Se identificó en el trabajo de campo que el 66% de los centros educativos públicos y 34% de los centros educativos privados tiene déficit de docentes. La ausencia de docentes obedece a diversas causas principales: bajos salarios y sobrecarga de trabajo, falta de transporte público e infraestructura que limita el desarrollo de una dinámica escolar de calidad. 

El estudio ahondó en cómo se daba solución a este problema. El 63% de los centros educativos encuestados cubren la falta de docentes con personal ya jubilado, profesionales distintos al área de la educación pero con componente docente y en algunos casos un docente puede asumir varias asignaturas o grupos de alumnos. 

“Llama la atención que el 37% de los centros educativos encuestados intentan cubrir la falta de docentes con otro tipo de personas pero sin formación pedagógica o simplemente no cubren las vacantes”, resalta el informe.

Asistencia en riesgo

Sin datos no se puede determinar qué cantidad de alumnos dejó de asistir a clases. La deserción escolar sigue siendo una intriga; sin embargo, en Miranda (Área Metropolitana de Caracas), Lara y Bolívar tres fenómenos que vacían las aulas se detectaron: cambios de colegios por falta de transporte, trabajo adolescente y migración interna por precios de la gasolina.

“La pérdida de la capacidad de compra del salario, la dolarización de facto de la economía nacional y familiar aunado a los problemas estructurales que presenta el sistema educativo son factores que han provocado que niños, niñas y adolescentes abandonen las aulas de clases para generar ingresos que les permita cubrir sus necesidades básicas y la de sus familias”, se lee en el informe.

Las dificultades de los estudiantes para adaptarse al currículum escolar se hizo evidente durante las entrevistas. Se registraron debilidades con la escritura, la lectura y los cálculos números. Además, no se identificó orientaciones por parte del Ministerio de Educación para una adaptación curricular ni se implementaron procesos de diagnósticos psicoeducativos.

“Fue una proceso educativo de masas, generalizado y no diferenciado a las condiciones particulares de los niños, niñas y adolescentes”, se lee en el documento.

En cuanto a la violencia contra la escuela, los constantes hurtos representan un riesgo para la presencialidad de estudiantes y docentes generando carencia de insumos, recursos y materiales indispensables para el desarrollo de las actividades escolares.

Otros datos impactantes

Para la documentación de los estragos que ocurrieran dentro de las instituciones académicas, se consultaron 56 centros educativos, entre públicos y privados, en nueve estados del país. En total, la situación registrada en las escuelas afectó a 32.656 estudiantes, de las cuales el 51,5% se encuentran en educación privada y 48,5% en educación pública.  

- 73% de los centros educativos encuestados retomaron la jornada escolar presencial por orden del Ministerio de Educación, un 17,9% por orden de las Zonas Educativas y un 3,6% por decisión de la directiva de la institución educativa.

- 26,8% de los centros educativos encuestados no recibió lineamientos del Ministerio de Educación sobre los mecanismos de información a las familias.

- 96% de los centros educativos encuestados no fueron dotados con insumos de bioseguridad por parte del Ministerio de Educación. Este dato es de suma importancia, al contrastarlo con el único lineamiento que dio el Poder Ejecutivo para el regreso a las aulas: el “Plan Victoria Bicentenaria”. 

 

Este incluía como una acción prioritaria la dotación a los integrantes de la comunidad educativa de implementos de bioseguridad acordes con la interacción entre maestros, estudiantes y representantes; así mismo, la adecuación de protocolos de bioseguridad institucional. Este plan solo fue una formulación teórica. 55% de los centros educativos encuestados reportan fallas en el programa de alimentación escolar. Las fallas tienen relación con la cantidad,  calidad y frecuencia de los alimentos que integran este programa. 

- 59% de los centros educativos reportaron fallas en el servicio eléctrico, reportando que los cortes de luz se extienden hasta cuatro horas o más. Asimismo, 59% de los centros educativos notifican daños a su infraestructura, lo cual implica techos rotos, filtraciones, baños fuera de servicios, pinturas en mal estado, rejas y paredes caídas, pupitres ventanas y puertas rotas, botes de aguas negras, techos con agujeros, entre otros daños por el desgaste estructural y la falta de mantenimiento preventivo y correctivo.